Contamos con un equipo de profesionales con vasta experiencia en el área de control interno, para asistir a nuestros clientes en la implementación de un sistema de compliance, adaptado a las características y necesidades de la organización, así como para capacitar a sus directivos y empleados para cumplir eficazmente con la ley 27401 recientemente sancionada, que establece un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas que hubieran intervenido directa o indirectamente en delitos de corrupción con la Administración Pública y el soborno transnacional.
Entre las sanciones previstas hay multas que van de 2 a 5 veces el beneficio obtenido, la suspensión total o parcial de actividades, la imposibilidad de participar en concursos o licitaciones y hasta la cancelación de la personería jurídica.
En tal sentido la Ley prevé la adopción de una serie de políticas y procedimientos internos tendientes a prevenir, detectar y corregir situaciones de corrupción en las que las organizaciones hubieran tomado intervención (por acción u omisión), ya sea en forma directa (a través de sus administradores o representantes), o mediante la actuación de “terceros” (socios de negocios o intermediarios).
Si bien la implementación de un Programa de Integridad es, en principio, una decisión voluntaria de cada empresa, el art. 24 de la ley los vuelve obligatorios para todos los contratos con el Estado que requieran la firma de un ministro o funcionario de jerarquía equivalente debiendo acreditar que han adoptado, como mínimo, un código de conducta, controles para minimizar los riesgos emergentes de las diversas interacciones que la empresa tiene con el sector público y entrenado a su personal para que tales reglas sean cumplidas.